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Estatizar la educación única solución.

No se puede establecer, por mucho que nos movilicemos, la Educación estatal sin antes cambiar la Constitución

22 junio 2009


Después de la huelga docente, se ha anunciado que se recuperarán las clases, y el Ministerio de Educación ha planteado que fiscalizará que esto se cumpla, pero, en verdad, tiene capacidades muy limitadas para ello. Ello choca con la falla de la inexistencia de un sistema orgánico. Los planteles deberían emitir periódicamente informes públicos sobre las clases realizadas y las perdidas; evacuados ellos, los establecimientos deberían informar de inmediato sobre un plan concreto de recuperación. Así, los padres podrían supervisar el cumplimiento y, de no ocurrir éste, reclamar a las instancias apropiadas para que se corrija tal anomalía. Sólo por esta vía podría el ministerio del ramo tener más posibilidades de asegurar que se cumplan los horarios establecidos.

En teoría, en esta labor, los municipios, responsables de la gestión de la educación estatal, tienen esa tarea. Los alcaldes son teóricamente los representantes más cercanos de la ciudadanía y no pueden abdicar de la responsabilidad que les cabe en la recuperación de clases. Son ellos los que, mediante las corporaciones y departamentos de administración de la educación municipal, deberían velar por que esos planes se elaboren y cumplan. Al ministerio cabe prestar un apoyo subsidiario en este asunto.

Una vez el MINEDUC investigó el grado en que los establecimientos municipales cubrían el currículo nacional. Los resultados no fueron satisfactorios y evidenciaron que las horas de clases en Chile se aprovechan muy deficientemente. El panorama es desolador para un país que necesita mejorar la calidad de su educación. La discusión nacional en esta materia suele dar por sentado que se cumplen adecuadamente las horas lectivas contempladas en los planes educacionales, pero la realidad es muy distinta. Si no es posible asegurar algo tan básico como que las clases programadas para el año escolar se realicen aceptablemente, mal podrán rendir frutos las políticas y los recursos destinados a mejorar la educación
 
Cada municipio trata de cumplir con las tareas encomendadas de la manera menos mala posible. Todo lo anterior lleva también a advertir cuán profundamente equivocado aunque políticamente correcto, es el nuevo paro iniciado precisamente ayer por los alumnos del Instituto Nacional -apenas terminado el de profesores-, llamando a sus pares a hacer otro tanto en todo el país. Demandan ellos estatizar la educación pública, esto es, recentralizarla en el Gobierno, en vez de las municipalidades. Pero es inútil. Aún con el peso ciudadano. Es tal el peso de la Constitución, que ello no es posible sin un cambio en el Estado y el la misma Constitución.

La Educación está condenada a estar permanentemente en crisis. Esta crisis es provocada, entre otras cosas por la política de municipalización que implantó la dictadura y que hoy administran la Concertación y la derecha. Crisis que tiene su origen en que el Estado no garantiza su funcionamiento. Pero esta es la cara más visible de la crisis de todo un modelo, el de la educación de mercado, el de la falta de recursos. Año a año, los estudiantes salen a las calles a pelear. Año a año tanto en regiones como en Santiago, se producen las asambleas, las tomas, los paros, las marchas.

Si son miles los que están en las calles peleando, si son miles los que quieren defender su derecho a estudiar, si son miles los que se organizan para pelear, ¿qué es lo que impide que la municipalización se revierta?

La Educación, tal y como se la concibe en Chile, está establecida en la Constitución política (art 19 n° 10 y 11), promulgada en 1980 y refrendada en el Gobierno de Ricardo Lagos, de la cual se desprende la actual LGE que aseguran el lucro y privatización de ésta. No se puede establecer, por mucho que nos movilicemos, la Educación estatal sin antas cambiar la Constitución, por lo que hacer una LGE que decrete la Educación Pública gratuita como responsabilidad del Estado ejecutor resulta inconstitucional mientras no se cambie la Constitución.

Lo mismo es posible decir de la necesidad de re-estatizar la Salud. La Constitución política chilena permite y fomenta todo esto.
Este mismo esquema es aplicable a todos los derechos de los chilenos: salud, economía, protección de la naturaleza, los derechos de los niños, adultos mayores, indígenas, trabajadores, pensiones, microempresarios.

Los grandes males que sufre la sociedad chilena (municipalización y privatización de la educación entre otros) no pueden ser corregidos porque la Constitución lo impide. Por ende todas las leyes que se redacten (LGE) irán siempre acorde a esta realidad.

Debido a esto, toda reforma, como ocurrió el 2006 con la LOCE o la LGE, nunca irá en contra de los principios actuales de la Constitución: subsidiaridad del Estado, libertad de Enseñanza (lucro educativo), privatización de los derechos esenciales y los recursos naturales, anulación y represión de la participación ciudadana (demandas sociales). Nunca una reforma mediante el parlamento irá a favor del derecho a la educación a la salud, o cualquier otro derecho.

Con suerte nuestro sistema escolar merece el título de "sistema de enseñanza", pero de "educación"... ¡nada! Con esa perspectiva es imposible que los mejor preparados, que los mejores "cerebros" se interesen en estudiar pedagogía, especialmente en el mundo consumista que vivimos.
Si no logramos que se modifiquen las condiciones actuales, nadie podrá sacarla de la postración actual. Basta de diagnósticos depresivos y peyorativos. Hay que actuar ¡ya! Sólo un movimiento ciudadano será capaz de presionar al gobierno y a los parlamentarios.

Publicado por: Yamil Asenie
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