Nueva democracia: "Todos y Todas tienen Derecho a manifestarse ...... pero atenganse a las consecuencias"

Los convocantes y organizadores de las manifestaciones deberán responder de los daños ocasionados con ocasión de la manifestación.

Vivimos en "democracia" o por lo menos eso creemos, pero por otro lado se preparan leyes que atentan contra nuestras libertades y dado que somos bastante ignorantes, no queremos saber que pueden perfectamente ser usadas en contra de cualquier manifestación que no le guste a la administración del momento.

Ante la lógica respuesta de las personas en la crisis: protestar y movilizarse, el gobierno y los legisladores insisten en aprobar un paquete de medidas que tienen como objetivo restringir las libertades individuales y colectivas, criminalizando las manifestaciones del movimiento social y político, limitando la capacidad de respuesta de los que luchan desde distintos frentes: Ya están en desarrollo: el Proyecto de ley que prohíbe el uso de las Juntas de Vecinos para fines políticos; la ola de desalojos de Okupas e intervención en centros culturales; pero lo más grave es la criminalización de la demanda histórica mapuche y aplicación de ley antiterrorista a loncos y dirigentes de comunidad. Ni hablar de los Carabineros que allanan viviendas particulares de trabajadores requisándoles música peligrosa o libros como la Historia del Movimiento Obrero, y además le disparan por la espalda “en defensa propia” a obreros mapuches indefensos.

Ahora se prepara una nueva Ley, que algunos han llamado “Ley Maldita Dos”. Esta ley modifica el Código Penal indicando que quien cometa un delito con el rostro cubierto, será castigado con una pena de reclusión menor en su grado medio y una multa de 4 a 8 UTM La votación fue de 42 votos a favor y 29 en contra. El texto retornará al Senado, a tercer trámite, luego de que la Cámara le introdujera modificaciones. Un contingente de la Concertación, por convicción o por no saber apretar un botón, como es el caso de la diputada Allende, aprobó la ley. Nuestro país enfrenta un proceso de grave criminalización de las protestas sociales.

A gusto de una mentalidad represiva, se instala un mecanismo que hará engorroso y conflictivo el poder convocar a alguna manifestación de interés público, lo que va en contra de todos los deseos o expresiones del supuesto gobierno ciudadano. El gobierno ha señalado que la “única” modificación realizada por la Cámara al proyecto fue agregar una línea que señala que organizadores y convocantes responderán por todos los daños que se produzcan en el marco de una manifestación pública, “a menos que se hayan adoptado todas las medidas” y cuando cumplan las “obligaciones impuestas por la policía”.

La modificación de esta ley, en su artículo 4, promovida por el gobierno, está fuera de todo principio y norma de derecho internacional, va contra todo sentido común pues culpa a personas naturales de delitos cometidos por terceros. Por lo mismo obtuvo el rechazo de organizaciones de derechos humanos y sociales que marcharon a por el centro de Santiago sin autorización, siendo detenidos más de 60 de ellos por efectivos de Carabineros.

Lo más grave es que el mentado artículo 4 del proyecto de ley, establece responsabilidad solidaria de las organizaciones que convoquen a manifestaciones en las calles en caso de que se generen perjuicios a la propiedad pública o privada. También hace responsable de los desmanes a quienes “hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse”. Según la iniciativa la finalidad declarada del proyecto es “fortalecer el papel de las policías en policías en la mantención del orden público”.

El proyecto señala que, al no haber convocantes oficiales, “se presumirá que son organizadores y convocantes de una manifestación pública, las personas que comunican a la autoridad administrativa competente la realización de dicha actividad de conformidad a las disposiciones generales de policía….”Se entiende que a todos los sujetos u organizaciones de sujetos que convoquen a una reunión o manifestación a realizarse en lugares de uso público le son aplicables las normas de este artículo. En ello cabría, si hacemos una interpretación amplia de la norma, las organizaciones civiles, como grupos que se manifiesten, sea por motivos políticos o no. En esto se podría estar incluyendo, por ejemplo, a los o clubes de fútbol que convocan a manifestarse deportivamente a favor de un equipo en un estadio (que es un lugar de uso público).

La norma obliga a los sujetos que organicen y convoquen a manifestaciones a adoptar medidas tendientes a resguardar la seguridad de los lugares en donde transcurra la manifestación. El problema, es que la ley entraña un contrasentido, pues obliga a la ciudadanía a algo que se le ha entregado al Estado, que es velar por la seguridad de los ciudadanos y con esta norma se estaría incluso cargando a la sociedad civil manifestante con funciones que le son propias a la policía.

Hay graves vicios en esta ley. Se hace una presunción que los convocantes han incumplido con la obligación anterior, cuando no cumplen con las disposiciones de la policía. El problema es que aquí se está haciendo reiteración de un vicio que incluso se encuentra en la Constitución, pues mediante el famoso Decreto que regula el asunto de manifestaciones públicas, se está regulando por Decreto un Derecho Fundamental o Derecho Humano, y estos sólo pueden ser regulados por Ley, sin embargo se está entregando la facultades de regulación a la Policía.

Lo más chocante es el hecho que los convocantes y organizadores de las manifestaciones respondan solidariamente de los daños ocasionados con ocasión de la manifestación. La responsabilidad solidaria, implica que se puede demandar los daños tanto a los organizadores como a quienes realicen los desmanes y daños. Eso significa, en otras palabras, que los que sufrieron el daño, pueden pedirle a cualquiera de los y las que participaron en la manifestación de que paguen los daños, sea estas personas naturales, o las organizaciones que convocaron. Si se llega a descubrir quien destruyó efectivamente las cosas, se le puede demandar por parte de las organizaciones o convocantes el monto que tuvieron que pagar por los daños. Esto claramente es un desincentivo a llamar a manifestarse, y ahí lo grave de esta Ley, pues la idea es promover la participación ciudadana y no inhibirla. Claramente los ideólogos del proyecto de Ley no creen en la ciudadanía ni en la Democracia.