Derogación Ley Reservada del Cobre: salud se coloca a la fila

Los recursos provenientes de la Ley Reservada del Cobre debe ser reasignados al pago de la deuda hospitalaria.

09 septiembre 2009

Chile gasta US$ 792 per cápita en salud, según los indicadores del PNUD. Lo que es modestísimo comparado con países de su nivel de desarrollo. Peor si se recuerda que el 50% de ese gasto total es público y el 50% privado; y, que en países parecidos a Chile, el sector público representa dos tercios del gasto total. Eso es lo mínimo a lograr. Y los recursos existen en Chile, pero se estaban destinando a comprar juguetes como los tanques Leopard, caros, inútiles y pasados de moda. Que se sepa, Chile no está en Guerra con nadie.

Chile cuenta con la mayor cantidad de uniformados y ostenta el más elevado gasto público militar por habitante: 196 dólares, casi el triple del resto de la región que destina 46,6 dólares. Proporcionalmente Chile tiene un presupuesto militar propio de un país afiliado a la OTAN.

Si hubiese una guerra debiera ser contra la pobreza y las enfermedades. Pero no es así. En Salud es cierto que ha aumentado la cantidad de recursos. Medido como porcentaje del PIB, la verdad es que no llega siquiera al nivel del último año de la Unidad Popular, cuando alcanzó un 4 por ciento del PIB. Con estos recursos es imposible que el sistema público pueda atender la necesidad de salud de la población.

Se dice que la deuda hospitalaria aumentó a 66 mil millones de pesos, la cifra más alta de los gobiernos de la Concertación, lo que se explica porque los ingresos de los hospitales no son suficientes para cubrir sus gastos. Hay un componente de mala gestión, pero es un porcentaje mínimo. El grueso de la deuda de los Hospitales es porque el Estado no aporta lo suficiente.

Los hospitales endeudados están imposibilitados de entregar los servicios que requieren por sus deudas con los proveedores. Es un círculo vicioso. Una de las situaciones aberrantes en salud. Y aparece la privatización encubierta. Como no tienen recursos para resolver la demanda, ‘compran’ servicios externos que, obviamente, son más caros de lo que costaría atender al paciente en el hospital público, diferencias hasta tres, cuatro y cinco veces mayores”.

Necesitamos fortalecer el sistema público y eso significa más recursos. Son 341 mil millones de pesos que del sistema público se transfieren al sector privado y que van a grandes clínicas y centros médicos. Otro dato que es necesario saber es el hecho que el 74 por ciento del gasto de Fonasa en medicina de libre elección se lo llevan el 10 por ciento de los prestadores, como Megasalud, Avansalud, Integramédica, Universidad Católica y otros. Esta es otra forma más de fortalecer el gran sistema privado, que además está vinculado a las Isapres, que son dueñas de las grandes clínicas y servicios médicos. Ese drenaje de dinero financiaría todo el sistema público.

Los temas de la reforma son antiguos. Sabíamos que ocurrirían. Los y las que trabajamos en salud sabemos qué hay que hacer. ¿Por qué no se ha hecho? El cambio epidemiológico y demográfico no ocurre de un día para otro. Sabíamos hace cincuenta años que habría más adultos mayores, que se producirían más enfermedades crónicas no transmisibles, degenerativas, cánceres, etc. ¿Dónde está el plan de salud? Hay más camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en los hospitales, pero no hay personal, hay escáneres, pero no radiólogos/as. Se normalizan hospitales, pero sin considerar que se necesitan médicos y enfermeras/os. Sabíamos que la población envejecería, lo sabemos por la epidemiología y la clínica, los adultos mayores enferman más y de varias enfermedades. Pero no se ha hecho lo necesario para enfrentar eso.

Hay que aumentar el gasto en atención primaria, aumentar el gasto público en salud, para llegar a un 7 por ciento del Producto Interno Bruto, que implica cuadruplicar el gasto actual, aunque aún así quedaríamos por debajo de Alemania, Japón, Bélgica, Francia, Inglaterra, Suecia.

Sabemos que el sistema ya no da para más. Será difícil superar ese techo si las condiciones no cambian. La situación descrita: insuficientes recursos y prestaciones y, no obstante ello, buenos resultados, sólo puede explicarse por el compromiso de servicio público y el sacrificio de la mayoría de los y las trabajadores/as de la salud pública.

En este marco, es imprescindible que el presupuesto de salud pueda llegar al porcentaje histórico a la brevedad.

La derogación de la Ley Reservada del Cobre, en un contexto en el que Chile no enfrenta ninguna amenaza militar, es la oportunidad que el país realmente necesita para mejorar definitivamente la salud de Chile.

El Estado chileno asumió desde los principios de los ochenta el modelo neoliberal y los gobiernos de la Concertación lo continuaron administrando con la consiguiente reducción del aparato del estado, por lo que recurre a los fondos estatales provenientes de los escasos bienes que aún se mantienen en manos del estado, principalmente del cobre, así como a los impuestos pagados por los y las chilenos/as para subsidiar al empresariado e intentar frenar con ello las quiebras del sector privado. Queremos más y mejor Estado. Frente a un estado subsidiario, exigimos un estado responsable. Para que pueda existir realmente un estado que cumpla con su rol social.

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