La semana última cerró otro capítulo en que el ministro del Interior, debió desdecir con hechos, lo que aseguró en declaraciones previas.
Y, al revés de su discurso oficial de que el Gobierno no intervendría en la huelga de los subcontratistas que prestan servicios a Codelco, el viernes, Edmundo Pérez recibió en su despacho al presidente de la CUT, el socialista Arturo Martínez, y le entregó una propuesta oficial para que el conflicto no siguiera escalando. En la víspera, el Día del Trabajo, la Presidenta Bachelet le había dado un fuerte respaldo a su ministro del ramo, que representa el ala mas izquierdista de la Concertación, Osvaldo Andrade, quien fue partidario desde un principio de dialogar con el representante de los huelguistas, Cristian Cuevas, comunista. A pesar de que el presidente ejecutivo de Codelco, José Pablo Arellano (DC), advirtió que legalmente no correspondía porque son contratos entre terceros que no comprometen a la cuprera estatal.
Pocos días antes, Edmundo Pérez desautorizó a Andrade, diciendo que su opinión era personal, y que creaba confusión. Al final de la semana, parece ser que el ministro del Trabajo estaba en mayor sintonía con la Presidenta, quien debió haber visado el acuerdo, y una vez más su jefe de gabinete quedó en una incómoda posición.
Más allá de las lamentables mediciones de fuerza de los ministros debido a errores de conducción, lo cierto es que, en este caso, la Presidenta apoyó el discurso de Andrade quien fue recibido por los representantes de la CUT, en la celebración del 1° de mayo, como un virtual líder sindical dentro del Gobierno. Y, las palabras de Bachelet estuvieron en ese mismo tono. "Chile tiene que ser más competitivo, pero eso no puede ser a costa de los trabajadores; debe ir de la mano de salarios más justos y condiciones sindicales que se respeten", dijo ese día.
Hasta ahora, Andrade no ha hecho sino cumplir el programa que prometió Bachelet siendo candidata. A la sazón, hay 36 leyes laborales aprobadas en este mandato y como destaca el ministro hay una prolífica agenda que se tramita en el Parlamento que, entre otras, plantea equiparar el salario base con el ingreso mínimo la sindicalización automática y la inhabilitación de los dirigentes sociales para ejercer cargos de elección popular.
En periodos electorales, la Concertación repetirá su esquema de poner en tabla leyes que van en directo perjuicio de las empresas pequeñas y medianas, que generan más del 80% del empleo, lo cual afecta las posibilidades de trabajo justamente de los que supone favorecer con un mensaje populista. Y, como es su costumbre, luego usa ese resultado en contra de los privados. Nada nuevo bajo el sol.
Fuente: Diario Estrategia
